viernes, 14 de diciembre de 2007

La lucha por la tierra

14/12/2007
OESTE DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.

Por Movimiento de Apoyo en la Lucha por la Tierra - El área que denominamos "oeste" de la provincia de La Pampa está constituida por los departamentos de Puelén, Chalileo, Limay Mahuida, Curacó y Chicalco, que se insertan en la región fitogreográfica del monte. Con un clima marcadamente continental, es la actividad agropecuaria, basada en la ganadería caprina y vacuna, la que garantiza los procesos productivos de los habitantes de la zona. Con una unidad económica mínima de 5000 hectáreas, la receptividad de los campos es de 0,01 animales por hectárea (utilizando como muestra una vaca de 400 kilogramos). Actualmente, este sector del territorio pampeano participa en forma periférica en el total de la población provincial. Los departamentos del oeste, con una superficie de 54.437 km2, poseen en conjunto 13.773 pobladores, que representan el 4,6% de los habitantes de La Pampa.

En la actualidad muchos de los pobladores del oeste pampeano, a los que conocemos con el nombre de «Puesteros», son descendientes de los pueblos originarios, aunque en muchos casos no se identifiquen como tales, con diferentes grados de mestizaje con criollos de las zonas del sur de las provincias de San Luis, Córdoba y Mendoza, y oeste de la provincia de Buenos Aires.

Como se sabe, en las últimas décadas del siglo XIX la división internacional del trabajo impuso a la Argentina el desarrollo de producciones de materias primas para abastecer a las industrias de los países centrales. Dicha imposición, en coincidencia con los intereses del grupo dominante, implicaba la ocupación de los espacios que estuvieran bajo control de los caudillos locales y las comunidades indígenas para imponer el "orden" y "asegurar el progreso". El desarrollo de los ferrocarriles permitiría una mayor fluidez de los circuitos de comercialización, y la instalación de casas de comercialización, bancos y empresas de seguros ayudarían a desarrollar una economía agroexportadora.

Finalizadas las campañas militares contra los grupos indígenas de La Pampa y Nordpatagonia (1878- 1885), las tierras que estos ocupaban fueron apropiadas por los sectores dominantes, los que sirviéndose de los hilos del Estado acapararon la tenencia de la tierra por medio de tres caminos básicos: por concesión, con la que se beneficiaron principalmente funcionarios y políticos con influencia; por donación, dirigida a políticos y militares que llevaron a cabo las campañas militares, y por venta directa, a precios sumamente bajos, en subastas en las bolsas de Londres, París y Buenos Aires.

Estos patrones político-jurídicos de organización de las tierras, unidos a las restricciones ambientales antes mencionadas, dieron como resultado la localización dispersa de los «puesteros» en los distintos departamentos. En el marco de la construcción del Estado Nacional, una serie de dispositivos y procesos concurrieron a restar visibilidad a la población indígena sobreviviente, incorporarla mediante la subalternización, y quitarle a través de diversas artimañas legales las tierras que iban adjudicando con cuentagotas a los grupos que lograban rearticularse y evitar la «destribalización». Mas tarde serían reubicados en colonias agrícolas del oeste provincial tales como Emilio Mitre, destinadas principalmente a la ganadería ovina y caprina, así como en las áreas suburbanas de localidades como Victorica y General Acha.

La economía pastoril fue de subsistencia en las últimas décadas del siglo XIX, aun en las áreas relacionadas con el ferrocarril. Esto comenzó a cambiar en las tres primeras décadas de la siguiente centuria, cuando la llegada de inmigrantes internos e internacionales y el crecimiento de los factores de producción llevó al desarrollo del país al mismo tiempo que su dependencia de los mercados externos y de las inversiones extranjeras. Este proceso se interrumpió a comienzo de los años treinta como consecuencia de la Crisis Económica Mundial y de factores climáticos que afectaron la producción.

En la zona oeste, en particular, en 1947 el corte del Río Atuel, debido a la puesta en funcionamiento del dique Nihuil en Mendoza, provocó la perdida de pasturas y un cambio general negativo del ecosistema que llevó a expulsar población al generar menores posibilidades agroganaderas. A esto se le sumó la gran sequía de 1951 y la Provincialización de La Pampa, que provocó la aparición de auténticas estructuras urbanas con el consecuente despoblamiento de las áreas rurales y la alteración de la importancia relativa de los pueblos. Mucha de la población indígena y no indígena, habitante de las áreas rurales y suburbanas afectadas por este proceso, migraron a los principales núcleos urbanos de la provincia donde se desempeñaron como jornaleros, peones, albañiles y empleados rurales.

A partir de las últimas décadas del siglo XX, en particular los años setenta, comenzó a acelerarse la concentración del capital en la industria alimenticia y de distribución de alimentos, lo que incidió negativamente en el sector agropecuario e incrementó la integración vertical al interior de los diversos complejos. Así, el pequeño productor perdió su autonomía de gestión, se desarrollaron «megaproductores» caracterizados por la búsqueda de la ganancia a corto plazo y comenzó un proceso de pérdida de la soberanía alimentaria que hoy tiene su máxima expresión en el monocultivo sojero.

En este contexto se observan dificultades para la reproducción de las economías campesinas y su «arrinconamiento», como producto de la valorización de tierras antes consideradas marginales que se da en base a cinco procesos que fueron diferenciados por Diego Domínguez:

a) Debido a la desregulación operada los productores se encuentran desprotegidos frente a los vaivenes del mercado;
b) Debido a la extensión de cultivos asociados a nuevos paquetes tecnológicos, básicamente la extendida soja transgénica, se reduce la demanda de mano de obra para la obtención de ingresos extraprediales;
c) Debido a la expansión de la agricultura industrial y el uso intensivo de agroquímicos se está produciendo una grave contaminación que afecta a las áreas de la economía campesina: los cultivos, el ganado y la población;
d) Debido al cercamiento y desmonte por parte de los empresarios y terratenientes de las tierras en disputa, los campesinos se ven imposibilitados de seguir utilizando el monte nativo y los "recursos naturales" en general;
e) Debido a la interrupción y privatización de caminos y pasos (y de la tierra en general), los campesinos ven socavada la posibilidad de trashumar con sus animales hacia los pastos comunes, de mantener las prácticas de circulación espacial entre los ecosistemas.

A estos factores hay que sumarle la valorización de tierras antes marginales. Como consecuencia del calentamiento global que provoca el desplazamiento de las isohietas, grupos especuladores nacionales y extranjeros comenzaron a ocupar esos territorios, expulsando forzadamente a familias campesinas y comunidades indígenas que los habitan desde hace generaciones.

En el oeste de la provincia de La Pampa más de 300 familias de «puesteros» corren este riesgo, dado que sus tierras cobran valor en el marco de la expansión del capital y la búsqueda de petróleo y otros recursos explotables que mueven la rapiña de las clases dominantes.

En el año 2004, los diputados provinciales del ARI, el Partido Socialista y el Frente para la Victoria presentaron el Proyecto de Ordenamiento y Titularización Rural en el Oeste (POTRO), que en su articulado plantea el cese de los desalojos y la entrega de títulos de propiedad a los "puesteros". No obstante, este proyecto nunca ha sido tratado seriamente en la Legislatura Provincial por la complicidad del gobierno de Carlos Verna y de los diputados del Partido Justicialista con los grandes propietarios de tierra y las empresas petroleras. Solo han propuesto una prórroga que, de hecho, no frena los desalojos. Las topadoras siguen arrasando los campos y amenazando la vivienda de los pobladores, y los alambrados impiden la libre movilidad de los animales. En noviembre de 2006 el diputado Juan Carlos Scovenna (ARI) instaló su oficina en el puesto de Federico Pinedo, uno de los puesteros con mayor riesgo de desalojo, para proteger con sus fueros su derecho a la tierra.

Con el objeto de acompañar esta lucha por la tierra, a mediados de 2006 comenzamos a confluir una serie de sectores preocupados por la problemática, que dieron origen al Movimiento de Apoyo en la Lucha por la Tierra (MALUT). Nuestra organización se encuentra conformada por: a) docentes e investigadores de diferentes disciplinas de la Universidad Nacional de La Pampa, b) estudiantes de las carreras de Historia, Geografía, Agronomía y Recursos Naturales de la misma institución con experiencia previa en la problemática, c) representantes de la Asociación de Deudores en Defensa de la Vivienda Familiar, d) miembros del Bloque ARI de la Legislatura Provincial, e) abogados con activismo social, y f) militantes de diferentes partidos políticos.

Nuestro movimiento ha obtenido financiamiento para desarrollar sus actividades a través de un Proyecto de Extensión Universitaria (PEU) titulado «Puesteros y puesteras en el Oeste de La Pampa: reclamos por la tierra y conflictividad social». En el mencionado proyecto nos proponemos abordar la problemática de la tenencia de la tierra de las familias campesinas en el oeste de La Pampa, que se encuentran en conflicto actual y urgente, desde un trabajo interdisciplinario y la articulación interinstitucional e intersectorial. Tenemos previsto realizar dos objetivos específicos: por un lado informar a los campesinos del oeste pampeano sobre los elementos legales, ocupacionales y organizacionales necesarios para enfrentar el conflicto y contribuir a detener el proceso de desplazamiento forzado. Además nos encontramos recopilando y sistematizando información referida a la problemática, y pretendemos contribuir a concienciar a la sociedad sobre la problemática.

En los últimos meses hemos estado realizando varias reuniones en la zona (Paso de los Algarrobos, Algarrobo del Águila, 25 de Mayo, Victorica), y al tiempo que contribuíamos a la autoorganización de los "puesteros", hemos recopilado datos que permiten detectar una cantidad importante de errores en el relevamiento oficial, reconocidos incluso por el Gobierno Provincial.

El 15 de diciembre de 2006, bajo la consigna «¿Prórroga hasta cuando? ¿Hasta que las topadoras de los ricachones se adueñen de todo el oeste?», convocamos desde el MALUT a una movilización en Santa Rosa para reclamar el cese de la violencia estatal y privada contra los "puesteros", el rechazo a la extranjerización y a la tierra como medio de especulación, y por la entrega de los títulos de propiedad a los puesteros. Esta movilización fue muy concurrida, ya que en ellas participaron partidos políticos, movimientos de derechos humanos, sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones sociales y comunidades indígenas. La nutrida columna de manifestantes salió de la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad, y llegó hasta la Casa de Gobierno, y luego regresó a su punto de partida donde los "puesteros" hicieron uso de la palabra. En esa oportunidad también comenzamos una campaña de firmas contra los desalojos y por la aprobación de una ley que regularice la situación de los "puesteros", que se continúa hasta la actualidad.

Desde el Movimiento consideramos que la movilización fue positiva ya que mostramos que existe una lucha organizada en defensa de nuestra tierra y sus pobladores, además de haber instalado en la agenda pública una problemática de la cual poco se conocía.

El 27 de enero de 2007 los miembros del MALUT participamos de una nueva medida de fuerza convocada por "puesteros" y colonos en la localidad de 25 de mayo.

Además de organizar charlas, debates y otras actividades tendientes a concienciar a la población acerca de la problemática de la tierra que afecta el oeste pampeano, también hemos participado de otras luchas sociales, tales como la jornada nacional en reclamo de castigo a los asesinos del docente Carlos Fuentealba, las movilizaciones por la aparición con vida de Jorge Julio López y las acciones emprendidas por la Asamblea Ciudadana Ambientalista «Unidos por el Atuel» (de la que formamos parte) que reclama por la defensa de los ríos pampeanos.

Contacto:enlaluchaporlatierra@gmail.com

jueves, 29 de noviembre de 2007

Cazadores a cambio de dólares




Mientras en Gualeguaychú la causa es ambientalista

En La Pampa, el "desarrollo" sigue el exitoso modelo africano: ofrece fauna a cazadores a cambio de dólares

La empresa Great Travels promociona el “paraíso” de la caza por valores de entre 800 y 2.500 dólares. Los paquetes incluyen “habilitación y certificado oficial para elegir mejor la presa”. Ciervos, pumas y antílopes, en la mira.

Una empresa de turismo de la provincia de La Pampa promociona paquetes de caza de animales autóctonos de la región con tarifas, según el "trofeo", que oscilan entre los 800 y los 2.500 dólares.

El plus de la oferta es la habilitación reglamentaria para practicar el deporte y un guía profesional "certificado por la Dirección de Fauna de la provincia para elegir mejor la presa".

En su sitio web Great Travels ofrece una profusa lista de actividades con valores incluidos para la caza indiscriminada de animales de la región como ciervos colorados, pumas, carneros salvajes y antílopes, en lo que considera como un “paraíso” para la caza.

“La provincia de La Pampa, es conocida por los cazadores de todo el mundo como un paraíso tanto para la caza mayor como para la menor. Las cacerías están programadas tanto a campo abierto como así también en distintos cotos”, describe el texto de promoción de la agencia.

Poco después, la empresa da detalles de tarifas por “trofeos”, que van desde los 2.400 dólares por un ciervo colorado, 2.500 por un búfalo de la India, 2 mil por un puma, 800 por un antílope, 600 por un carpincho y mil por una cabra de cuatro cuernos.

El paquete también detalla los 250 dólares que deberá abonar el cazador para ejercer su práctica sobre la fauna de la provincia, los 150 dólares que deberá desembolsar un acompañante y la tarifa sobre la presencia de guías profesionales, alojamiento en el coto, comidas y bebidas y los transfers desde los aeropuertos y a la reserva y el envío y la exportación de las piezas de “trofeo”.

La agencia también asegura que se deberán abonar 200 dólares por “los permisos de caza de todas las especies” y que un guía profesional “certificado por la Dirección de Fauna de la provincia” acompañará en todo momento a los cazadores para “la mejor elección de la presa”.

Por su parte, el gobierno de la provincia –a través de su dirección de Fauna asegura que las especies incluidas en la caza "legal" incluyen al ciervo colorado, el jabalí y el puma, sólo por temporadas y para campos abiertos y cotos de caza inscriptos en el Registro correspondiente.

Leandro Altolaguirre, presidente de la Organización Alihuen, asegura que “están introduciendo carpinchos del Litoral –que son de zonas húmedas, del río–en forma ilegal a la provincia y los sueltan en el medio de los cotos para que los extranjeros puedan matarlos por 800 dólares y con el tema de los pumas está permitida sólo para los ganaderos, pero no para la caza indiscriminada en los cotos. Hay ciervos colorados por el que han pagado hasta seis mil dólares”.

“Los números oficiales están dibujados y la mayor mentira es que se trata de una cacería garantizada. Te venden un paquete turístico, hay un contrato previo, se los sueltan adelante a los animales enjaulados y se aseguran cobrar el trofeo por ese animal. Estos turistas que vienen de Europa o Estados Unidos gastan 10 mil euros por semana, es un gran negocio para los pampeanos”, concluye el ambientalista.

viernes, 5 de octubre de 2007

También La Pampa: son seis las provincias que prohíben la minería metalìfera a cielo abierto y el uso de tóxicos

Noticias y Artículos Publicado por: ale el 03/10/2007 05:12 PM


San Rosa, La Pampa, Argentina - 03/10/07. Desde el 7 de septiembre de este año tiene plena vigencia en la provincia de La Pampa la ley que prohíbe el uso de tóxicos en todas las etapas de la actividad minera y que prohíbe también la explotación de minerales metalíferos a cielo abierto. La concientización social, la movilización contra el saqueo y la contaminación minera y la resistencia de comunidades y organizaciones en la mitad de las provincias argentinas son los antecedentes para que La Pampa sea la sexta provincia con este tipo de legislación. A continuación su texto completo.

La Pampa: Prohibieron la utilización de toda sustancia química contaminante y la explotación minera a cielo abierto
Ley Nº 2349: Prohibiendo en el territorio de la provincia de La Pampa la utilización de toda sustancia química contaminante en el proceso de cateo, prospección, extracción, explotación, tratamiento y/o industrialización de minerales metalíferos.

Art. 1º: Prohíbese en el territorio de la provincia de La Pampa la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y toda sustancia química contaminante en el proceso de cateo, prospección, extracción, explotación, tratamiento y/o industrialización de minerales metalíferos.

Art. 2º: Prohíbese en el territorio de la provincia de La Pampa la explotación minera de minerales metalíferos a cielo abierto.

Art. 3º: Las empresas y/o personas, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley posean la titularidad de concesiones de yacimientos minerales de primera categoría, y/o aquellas que industrialicen dichos minerales, deben adecuar todos sus procesos a las previsiones del artículo anterior.

Art. 4º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de La Papa, en Santa Rosa, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil siete.

Dip. César Antonio Ballari, Vicepresidente 1º Cámara de Diputados Provincia de La Pampa.- Dr. Mariano Alberto Fernández, Secretario Legislativo Cámara de Diputados Provincia de La Pampa.-

Exp. Nº 10645/07 Santa Rosa 7 de septiembre de 2007.

Secretaría General de la Gobernación:

Habiendo quedado promulgada conforme a lo dispuesto por el Art. 70 de la Constitución Provincial, se registra la presente Ley con el Número 2.349.

Pase a sus efectos al Boletín Oficial y archívese.

Ing. Juan Ramón Garay, Secretario General de la Gobernación.
http://www.noalamina.org/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=834